La falta de avance en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en el quehacer de los diferentes poderes existentes en nuestro país nos mostraron de manera brutal cómo los estereotipos, sesgos y micromachismos han estado presentes en el caso de Antonia Barra y su abusador Martín Pradenas.
Antonia Barra se suicidó porque Pradenas la violó, el abogado indica que ella “se va por su voluntad, que nadie la tira, la empuja o la secuestra”. Su ex pololo la trató de “repugnante” y “cerda de mierda”.
Ella no es la única víctima: otras jóvenes se atrevieron a denunciar recién ahora. Los argumentos para no hacerlo antes van desde la culpa hasta la casi convicción de que no les creerían porque habían tomado unas “piscolas de más” y el miedo a ser juzgadas por aquello se tornó más fuerte ( “Una loquilla…”).
Las pruebas que se exhibieron, la conducta reiterada y reñida con la ética de Pradenas al destruir las 14.000 fotos que tenía, usar identidad falsa en un chat de “justicia para Antonia” no resultaron en su inicio suficiente para encarcelarlo. Una cachetada fue escuchar las explicaciones que sugerían “consentimiento» porque se ven tomados de la mano, o que ella bebió alcohol. Hay un informe del Servicio Médico Legal (SML) que no fue considerado en la resolución, que indicaba que la joven “presenta un grado tal de afectación psicomotora, que altera su capacidad de consentir en el área sexual y defenderse (…). En el varón no se observa ninguna afectación psicomotora y, además, es quien controla activamente la situación”.
El actuar de los tribunales causó un amplio rechazo y cientos de personas llegaron hasta la Plaza Aníbal Pinto de Temuco para protestar con un cacerolazo en apoyo a la familia de Antonia lo que fue replicado a lo largo del país la misma tarde mostrando un movimiento social crítico al actuar del poder judicial.
Frente a esta demanda transversal y eventualmente un par de jueces sensibles con algún conocimiento del tema, el tribunal de alzada de Temuco apela a los tratados internacionales que Chile ha suscrito, específicamente los relacionados con la violencia de género llevando a que, unánimemente, se dictamine la prisión preventiva, que se mantiene hasta hoy.
“Y la culpa no era mía ni como estaba ni como vestía”. El Estado, a través del poder judicial, reafirma la falta de sensibilidad y conocimiento de jueces sobre lo traumático que es el abuso sexual y que los hombres tienen derecho sobre los cuerpos de las mujeres como si fueran una propiedad utilizando argumentos machistas que llevan a la revictimización de quienes tienen el valor de denunciar después de haber sido agredidas y violadas en su dignidad, autonomía y en su vida tan profundamente como para llegar a un suicidio feminicida.
Cuando hago este análisis hablo no solo desde mi expertiz sino como víctima sobreviviente de abuso que tuvo la posibilidad de reparación y con herramientas para avanzar e instalarme en la sociedad visibilizando pautas y contextos que permitan romper con el rol de subordinación en relación a lo masculino.
Yolanda Pizarro Carmona
Especialista en temas de género, inclusión y diversidad