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Subsecretaria detalló los principales riesgos que viven niños, niñas y adolescentes hoy. Reiteró que tienen derechos y que deben ser considerados en el diseño de políticas públicas.

Fue nombrada el pasado 8 de septiembre como parte del primer cambio de gabinete que realizó el Presidente Gabriel Boric y a poco más de dos meses de haber asumido el cargo, Yolanda Pizarro, actual subsecretaria de la Niñez, estuvo en Concepción.

Es que la infancia y la adolescencia ha sido “todo un tema” en las últimas décadas en el país, a ratos con episodios terribles y dolorosos, mientras nuevas generaciones de futuros adultos chilenos viven diversas realidades casi al terminar el primer cuarto del Siglo XXI.

Por ello, Pizarro, que no teme derrochar energía a la hora de relevar la tarea que tenemos como sociedad, parte realizando una primera afirmación: que los menores de edad tiene derechos que abarcan distintas esferas y el Estado tiene el deber de protegerlo, promocionarlos y validarlos, en especial cuando existe, desde marzo pasado, la Ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que lo establece con claridad. Es, desde la perspectiva de la subsecretaría, una mirada diferente que requiere un esfuerzo de nosotros los adultos para entenderla.

“El cambio cultural no llegó para quedarse, es algo que tenemos que trabajar permanentemente. Es decir, cómo entendemos que esta nueva ley (…) nos hace pensar a nosotros como ciudadanía, como sociedad chilena, como sociedad penquista, que los niños, las niñas y también los adolescentes son sujetos de derecho como tú o como yo, entendiendo que esos menores de edad y tienen padres o tutores que resguardan y toman decisiones también por ellos, pensando en el ‘bien estar’ de ellos”, señaló Pizarro.

Niñez expuesta
Una de las principales preocupaciones de la subsecretaria está en la realidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en los sectores menos acomodados, que han debido hacer frente a los más complejos entornos, porque en definitiva, una parte de ellos termina en “manos del Estado”.

“Son niños dañados, son niños que han sido abusados, son niños que provienen de hogares monoparentales o liderados solamente por madres que han vivido situaciones de violencia intrafamiliar y que eso se transmite a ellos también y por lo tanto, ellos replican esas situaciones de violencia, porque es lo que ellos han visto”, sostuvo la autoridad, que continuó su análisis.

“Sumemos dos años de pandemia, donde estuvieron encerrados en sus casas, en sus departamentos, en los lugares donde estuvieran con madres que estaban teletrabajando, niños que tenían que teleestudiar y además tenían que convivir con un padre que era alcohólico, drogadicto y sin trabajo y que lo tenías 8 horas del día afuera, pero ahora estaba dentro de un hogar de 40 metros cuadrados”, detalló Pizarro.

Entonces, agregó la subsecretaria, “todo eso ha generado una situación de violencia que ha sido exacerbada hoy día en niños, niñas y adolescentes que participan en delitos de alta connotación, porque aparece el narcotráfico, aparecen las mafias, que lo que hacen es seducir a estos menores de una edad que les permite ser parte de estos delitos sin que sean responsable penalmente y, por lo tanto, el narcotráfico se lava las manos frente a esa realidad, porque además les importa nada. Lo que les interesa es que roben el auto para que ellos puedan seguir haciendo otras cosas o los transforman en soldados o en generales de un grupo de menores o a las niñas en burreras que van cargando la droga de una población a otra. Esa es la realidad con la que estamos conviviendo”, afirmó.

La nueva Ley
Por ello, siguiendo esta línea de análisis, la subsecretaria entiende que los riesgos y la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un fenómeno transversal, aunque no todos lo entiendan de esa manera y en esa perspectiva la nueva ley debe ser un impulso para un trabajo a largo plazo desde el sector público, pero también a nivel social.

“En tanto, entre los quintiles más acomodados se vive una realidad parecida, de padres que trabajan 24 horas sobre 24, donde les proveen de todo lo que ellos quieren, pero no le entregan los espacios y los momentos que ellos necesitan”, planteó Pizarro.

“Los niños tienen el derecho a ser escuchados, a dar sus opiniones y a plantear sus puntos de vista y que nosotros como padres los recojamos, nos hagamos cargo o lo desechemos, pero en un diálogo. Y estos otros más acomodados se transforman en los ‘zorrones’, como les llaman, y tienen auto y trago y droga y viven una realidad parecida, pero distinta. Entonces, la ley de garantías lo que viene a hacer hoy día es poner en evidencia que esos niños que han sido vulnerados en su derecho por tener mucho o por no tener nada. Nosotros como Estado, representados en un gobierno, tenemos el deber de escucharlos y de considerar sus opiniones, por ejemplo, para la construcción de una nueva población, donde ellos a los 18 años van a tener derecho a postular a un subsidio de vivienda y qué es lo que necesitan para esa casa en particular”, manifestó.

“Entonces, ¿viene esta ley de garantías a cambiar la vida de los niños, niñas y adolescentes? No la viene a cambiar, lo que viene es a poner en evidencia qué es necesario que intersectorialmente trabajemos conjuntamente con ellos”, cerró la autoridad que depende del ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Entrevista publicada en Diario Concepción